Muchos de quienes claman hoy por el consenso y la generosidad de la Transición, no han sido capaces de dejar en el Boletín de las Cortes plasmado su rechazo hacia quienes promovieron la guerra
Reparar a
las víctimas y educar a la ciudadanía en el rechazo al franquismo son las
medidas más importantes que se pueden tomar con respecto a ese pasado
traumático
El 23 de septiembre de 1939, el dictador Francisco Franco dictó una ley que consideraba “no delictivos determinados hechos de actuación político social cometidos desde el catorce de abril de 1931 hasta el dieciocho de julio de 1936”. En el artículo primero se dice: “Se considerarán no delictivos los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal por haber sido calificados como constitutivos de cualesquiera los delitos contra la constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados desde el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno hasta el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre que aquellos hechos que por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra las organizaciones y el gobierno que con su conducta justificaron el Alzamiento”.
En esa ley esta condensada la vulneración de la legalidad, considerando lícito el terrorismo de extrema derecha que llevó a cabo una incesante actividad para socavar la legitimidad de la Segunda República mediante la inestabilización. Reconocía como beneficiosas las actuaciones contra la Constitución de 1931, la primera en el mundo que recogía como propio el derecho humanitario elaborado por la sociedad internacional hasta la época. Aquel hubiera sido el inicio de una cultura de los derechos humanos que después de cuarenta años de dictadura y cuarenta de democracia sigue siendo una de nuestras enormes carencias.
Cuando se
cumplen 80 años del golpe de Estado de un grupo de generales fascistas,
acaudillados por el dictador Francisco Franco, es difícil entender que el pleno
del Congreso de los Diputados no haya condenado todavía la dictadura
franquista. Muchos de quienes claman hoy por el consenso y la generosidad de la
Transición, de cara a la elaboración de un nuevo Gobierno, no han sido capaces
de dejar en el Boletín de las Cortes plasmado su rechazo hacia quienes
promovieron una guerra para acceder al poder por mediante el uso de la
violencia y secuestraron las libertades y la dignidad de todo un país durante
cuarenta años.
Parte de la
explicación de esa tolerancia hacia el pasado tiene que ver con nuestra
estructura social; la élite que ha gestionado nuestro país tras la muerte del
dictador, la que pilotó la Transición y organizó el olvido, está compuesta
fundamentalmente por descendientes de adeptos al régimen franquista. Ellos
accedían casi exclusivamente a las universidades en la década de los cincuenta
y sesenta y han constituido la élite económica, política, cultural y académica
que en estos años ha coexistido sin conflictos con la impunidad del franquismo.
Durante
décadas, la sociedad española se mantuvo en silencio con respecto a las
violaciones de derechos humanos de la dictadura. El dolor social causado por la
represión ha seguido y sigue activo en nuestra cultura política, de forma más o
menos consciente. La fragilidad de nuestra independencia de poderes, las
vulneraciones de la legalidad que llevan a cabo representantes políticos que no
asumen responsabilidades o el excesivo partitocentrismo de nuestra agenda
pública público están directamente relacionadas con ese espíritu del 18 de
julio.
La
transición a la democracia, edificada sobre una falta reconciliación, abandonó
a su suerte a miles de familias que habían sido terriblemente castigadas por no
haberse sumado al golpe de Estado franquista. La impunidad, disfrazada de
renuncias “de los dos bandos” hizo vigente la amnistía franquista y permitió
blanquear su biografía a miles de franquistas. De la noche a la mañana
desaparecieron los miles de chivatos del régimen y los que querían conservar su
situación de poder con el advenimiento de la democracia inventaron un relato en
el que aparecían como silenciosos disidentes que habitaban los despachos del
régimen esperando el regreso de las urnas. Sobre ese relato se ha edificado la
visión de los dos demonios que significa fundamentalmente la demonización de la
Segunda República, con ese mito en el que parecía que lo que se enfrentaba en
la guerra causada por Franco eran dos golpes de Estado, escondiendo así que
tras la salida de Alfonso XIII se celebraron en nuestro país las primeras
elecciones libres con sufragio universal masculino y femenino.
La
posibilidad de participar en la vida pública declarándose demócrata y sin
condenar la dictadura franquista es síntoma de nuestra frágil cultura política.
Mientras han muerto en silencio miles de hombres y mujeres que se enfrentaron a
la falta de libertades, las élites han despedido a franquistas que cambiaron la
chaqueta para conservar privilegios como padres de nuestras libertades.
El problema no está en la guerra, que es a donde recurren sectores conservadores haciendo una elipsis de la dictadura. El deterioro que generó sigue siendo un lastre para nuestra vida colectiva. Reparar a las víctimas y educar a la ciudadanía en el rechazo al franquismo son las medidas más importantes que se pueden tomar con respecto a ese pasado traumático. Es la mejor forma de agradecer el esfuerzo y el sufrimiento de quienes se enfrentaron al franquismo y de vacunar nuestro futuro para que no pueda haber un 18 de julio nunca más.
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