SOBRE EL CASO LARGO CABALLERO

Cuando se hace una Ley de la Memoria en 2007, que no es una ley de la Memoria antifranquista; cuando se llama fallecidos a los republicanos asesinados en los campos nazis de concentración, y así se dice en un monumento público, inaugurado por la vicepresidenta responsable de memoria democrática; cuando se arrasa con lugares de memoria, como la plaza de toros de Badajoz o la cárcel de Carabanchel; cuando se trasladan los restos de Franco de un gigantesco mausoleo de propiedad pública a un panteón de propiedad pública, que siguen pagando sus víctimas con sus impuestos; cuando el Ayuntamiento de Madrid, de Martínez Almeida, destroza las lápidas de 3000 fusilados por los franquistas en el cementerio de la Almudena y el Gobierno "más progresista de la historia" no declara ese espacio Bien de Interés Público, lo protege e interviene en él; cuando un documentalista es condenado por grabar una misa fascista, qué celebra la matanza de miles de civiles, en un edificio dedicado a los caídos de propiedad pública del Ayuntamiento de Pamplona y no pasa nada; cuando se tiene la Presidencia del Gobierno y se consiente la permanencia del Arco del Triunfo qué conmemora la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini y no se hace nada; cuando mueren o siguen vivos torturadores franquistas con medallas colgando en su pecho y pensiones especiales ingresadas en sus cuentas bancarias; cuando la búsqueda de las personas desaparecidas por la represión franquista se planifica en una calculadora electoral; cuando una ley de amnistía fue propagada como un acto de reconciliación; cuando una nueva ley, y ahora de memoria democrática pretende hablar en los colegios de Clara Campoamor pero no contar nada de cómo Queipo de Llano alentaba a que fueran violadas mujeres como ella ... pasan y pasarán estas cosas con los monumentos a las y los Largo Caballero. Los procesos sociales son la suma de lo que se hace y de lo que no se hace. Por eso sirve de poco el pataleo si cuando se apruebe en el Parlamento una ley de memoria democrática no se ha convertido en una ley de Memoria antifranquista.