sábado, 30 de marzo de 2024

TRIBUNA:¿QUÉ HACER CON LA MEMORIA DEL FRANQUISMO? TRIBUNA i UN PASADO SUPERADO

 MANUEL ATENCIA ROBLEDO

El pasado 20 de noviembre se debatieron cinco iniciativas de distintos Grupos Parlamentarios en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que tenían en común el análisis de situaciones que tienen su origen en la guerra civil española y el régimen instaurado con posterioridad a aquélla. Quienes intervinimos en este debate, recordamos que la Constitución de 1978, próxima a cumplir 25 años de vigencia, y llamada por todos, con indudable acierto, como la Constitución de la Concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles, y destacamos que, por fortuna, en 1978 una generación de españoles -a la que las generaciones posteriores debemos reiterar nuestro reconocimiento y agradecimiento- decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar, con un generoso impulso de reconciliación, por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas.

Tras el referido debate, se aprobó una resolución por unanimidad mediante la que el Congreso de los Diputados -al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres- ha reiterado que nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia para imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos, dejando de manifiesto además que es conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Asimismo, en la resolución aprobada en la referida sesión de la Comisión Constitucional, se reafirmó el reconocimiento moral de todas las víctimas de la guerra civil, así como de cuantos padecieron la represión del régimen franquista. Y por último, se instó al Gobierno al desarrollo de una política integral en relación con los exiliados de la guerra civil y con los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española.

En términos formales, la resolución aprobada de forma unánime por el Congreso de los Diputados lo que hace es, recuperando el mismo espíritu que animó a nuestros constituyentes y que hizo posible pasar del régimen autoritario a otro de libertades con el consenso de las fuerzas políticas y del conjunto del pueblo español -y alcanzar el pacto constitucional como cimiento firme sobre los que se ha asentado nuestra hoy consolidada democracia española-, poner punto final a un rosario de iniciativas parlamentarias que sobre la guerra civil y sus consecuencias se han debatido, o estaban pendientes de debatir en nuestras cámaras legislativas. Pero, lo que me parece más relevantes es que, en términos políticos, como se destacó en el propio debate y era la voluntad del conjunto de los grupos del arco parlamentario español, la guerra civil y sus consecuencias ya no se podrá utilizar como arma política, ya no estará más ni en la estrategia política ni en la confrontación entre las distintas formaciones políticas. Si algo no había quedado suficientemente resuelto durante nuestra ejemplar transición política a la democracia, y los años posteriores, ahora se completaba con ocasión de cumplirse este aniversario de las primeras elecciones democráticas. Y todo ello se hace desde la integración, no desde la confrontación. Se hace desde el consenso, desde la integración y para la integración en nuestra democracia consolidada, en los 25 años de democracia y en nuestra Constitución de la Concordia.

Por ello, cuando se pregunta sobre qué hacer con la memoria del franquismo hay que decir, en primer lugar, que el deseo de los constituyentes se ha hecho realidad, que se ha superado la vieja dicotomía de las dos Españas, que reflejaba el lamento de Antonio Machado: "Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, / una de las dos Españas ha de helarte el corazón". Y, en segundo lugar, que la sociedad española del año 2002 tiene superada la terrible guerra civil del siglo pasado que dividió descarnadamente a los españoles -de la que ya han transcurrido más de 66 años-, así como las secuelas de la misma. Y la tiene superada porque el pasado reciente se ha construido entre todos, con espíritu de reconciliación y con voluntad de concordia, porque el futuro está en nuestras manos y porque, además, un número cada vez mayor de españoles sólo ha conocido la democracia. Cada cual tendrá el recuerdo que quiera, o pueda tener, pero lo más relevante es que tanto la guerra civil como el régimen autoritario del general Franco están en la historia para que puedan ser analizados, serenamente, por los historiadores. Y estos acontecimientos, junto con otras etapas aún cercanas, pero superadas, de nuestro caminar como pueblo, estén presentes para no volver a repetir viejos errores, pero que, con lo bueno y lo menos bueno de todos nuestros aconteceres históricos, tienen que ser asumidos por todos como parte de nuestra historia común. La sociedad española ve el régimen anterior como un régimen autoritario, no democrático, y como una página, también, pasada de nuestra historia. La sociedad española prefiere quedarse con el ejemplo que nos dieron los que estando dentro del régimen anterior apostaron por su evolución por la vía de la reforma, y los que desde fuera, desde la oposición democrática al franquismo, lucharon por la libertad y la democracia, y que, con el auspicio del rey Juan Carlos, encontraron un punto de encuentro que permitió una salida democrática, de reconciliación, de concordia y de paz que posibilitó las primeras elecciones libres de 1977, la Constitución y la mayor etapa de estabilidad democrática de nuestra historia.

Es tiempo ya de dejar de mirar atrás para dedicar toda nuestra atención y nuestros esfuerzos a los retos que tiene planteada España, y todo ello en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas y en beneficio de las futuras generaciones. El pasado para los investigadores y los historiadores, como todos los sucesos del siglo XX: la Monarquía restablecida, la dictadura de Primo de Rivera, la II República..., con sus errores y sus aciertos. Y con éstos, también, desde hace 25 años, y ahora, la guerra civil y el régimen del general Franco.

El pasado 20 de noviembre se debatieron cinco iniciativas de distintos Grupos Parlamentarios en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que tenían en común el análisis de situaciones que tienen su origen en la guerra civil española y el régimen instaurado con posterioridad a aquélla. Quienes intervinimos en este debate, recordamos que la Constitución de 1978, próxima a cumplir 25 años de vigencia, y llamada por todos, con indudable acierto, como la Constitución de la Concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles, y destacamos que, por fortuna, en 1978 una generación de españoles -a la que las generaciones posteriores debemos reiterar nuestro reconocimiento y agradecimiento- decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar, con un generoso impulso de reconciliación, por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas.

Tras el referido debate, se aprobó una resolución por unanimidad mediante la que el Congreso de los Diputados -al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres- ha reiterado que nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia para imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos, dejando de manifiesto además que es conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Asimismo, en la resolución aprobada en la referida sesión de la Comisión Constitucional, se reafirmó el reconocimiento moral de todas las víctimas de la guerra civil, así como de cuantos padecieron la represión del régimen franquista. Y por último, se instó al Gobierno al desarrollo de una política integral en relación con los exiliados de la guerra civil y con los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española.

En términos formales, la resolución aprobada de forma unánime por el Congreso de los Diputados lo que hace es, recuperando el mismo espíritu que animó a nuestros constituyentes y que hizo posible pasar del régimen autoritario a otro de libertades con el consenso de las fuerzas políticas y del conjunto del pueblo español -y alcanzar el pacto constitucional como cimiento firme sobre los que se ha asentado nuestra hoy consolidada democracia española-, poner punto final a un rosario de iniciativas parlamentarias que sobre la guerra civil y sus consecuencias se han debatido, o estaban pendientes de debatir en nuestras cámaras legislativas. Pero, lo que me parece más relevantes es que, en términos políticos, como se destacó en el propio debate y era la voluntad del conjunto de los grupos del arco parlamentario español, la guerra civil y sus consecuencias ya no se podrá utilizar como arma política, ya no estará más ni en la estrategia política ni en la confrontación entre las distintas formaciones políticas. Si algo no había quedado suficientemente resuelto durante nuestra ejemplar transición política a la democracia, y los años posteriores, ahora se completaba con ocasión de cumplirse este aniversario de las primeras elecciones democráticas. Y todo ello se hace desde la integración, no desde la confrontación. Se hace desde el consenso, desde la integración y para la integración en nuestra democracia consolidada, en los 25 años de democracia y en nuestra Constitución de la Concordia.

Por ello, cuando se pregunta sobre qué hacer con la memoria del franquismo hay que decir, en primer lugar, que el deseo de los constituyentes se ha hecho realidad, que se ha superado la vieja dicotomía de las dos Españas, que reflejaba el lamento de Antonio Machado: "Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, / una de las dos Españas ha de helarte el corazón". Y, en segundo lugar, que la sociedad española del año 2002 tiene superada la terrible guerra civil del siglo pasado que dividió descarnadamente a los españoles -de la que ya han transcurrido más de 66 años-, así como las secuelas de la misma. Y la tiene superada porque el pasado reciente se ha construido entre todos, con espíritu de reconciliación y con voluntad de concordia, porque el futuro está en nuestras manos y porque, además, un número cada vez mayor de españoles sólo ha conocido la democracia. Cada cual tendrá el recuerdo que quiera, o pueda tener, pero lo más relevante es que tanto la guerra civil como el régimen autoritario del general Franco están en la historia para que puedan ser analizados, serenamente, por los historiadores. Y estos acontecimientos, junto con otras etapas aún cercanas, pero superadas, de nuestro caminar como pueblo, estén presentes para no volver a repetir viejos errores, pero que, con lo bueno y lo menos bueno de todos nuestros aconteceres históricos, tienen que ser asumidos por todos como parte de nuestra historia común. La sociedad española ve el régimen anterior como un régimen autoritario, no democrático, y como una página, también, pasada de nuestra historia. La sociedad española prefiere quedarse con el ejemplo que nos dieron los que estando dentro del régimen anterior apostaron por su evolución por la vía de la reforma, y los que desde fuera, desde la oposición democrática al franquismo, lucharon por la libertad y la democracia, y que, con el auspicio del rey Juan Carlos, encontraron un punto de encuentro que permitió una salida democrática, de reconciliación, de concordia y de paz que posibilitó las primeras elecciones libres de 1977, la Constitución y la mayor etapa de estabilidad democrática de nuestra historia.

Es tiempo ya de dejar de mirar atrás para dedicar toda nuestra atención y nuestros esfuerzos a los retos que tiene planteada España, y todo ello en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas y en beneficio de las futuras generaciones. El pasado para los investigadores y los historiadores, como todos los sucesos del siglo XX: la Monarquía restablecida, la dictadura de Primo de Rivera, la II República..., con sus errores y sus aciertos. Y con éstos, también, desde hace 25 años, y ahora, la guerra civil y el régimen del general Franco.


TRIBUNA:¿QUÉ HACER CON LA MEMORIA DEL FRANQUISMO? TRIBUNA iLAS TAREAS PENDIENTES

 EMILIO SILVA


El proceso de recuperación de la memoria y del conocimiento de la dura realidad de la guerra civil y del franquismo evidencia la necesidad que tiene la sociedad española de conocer su historia reciente. El impacto causado por la exposición sobre el exilio, realizada recientemente en Madrid, la apertura de las fosas comunes o el documental sobre los niños secuestrados a las presas republicanas, es un reflejo del desconocimiento generalizado de esa parte de la historia. Amplios sectores sociales se encuentran sorprendidos por lo que están conociendo, y los que ya lo conocían y lo padecieron están necesitados de reconocimiento, de ver ese reflejo de sus vidas en espacios públicos. Si no seguimos el proceso de países como Alemania o Francia en la revisión del pasado relacionado con el fascismo, y no se habla y se cambia el significado de ese pasado y de nuestra relación con él, seguirán en nuestra identidad y habitando en nuestro inconsciente colectivo efectos que causó directamente la dictadura.

Durante la excavación de una fosa común llevada a cabo este verano en Cubillos del Sil (León), el hijo de uno de los hombres cuyos restos estaban siendo exhumados vivió especialmente asustado el inicio de los trabajos arqueológicos. Pensaba que en cualquier momento podían aparecer por allí de nuevo los falangistas que se llevaron a su padre y repetía una frase que tiene que ver con los sentimientos de muchas personas que no han tenido la oportunidad de alejarse del miedo: "Todo lo que brota, lo cortan". En estos 27 años de democracia hay miles de españoles que siguen teniendo miedo y eso es algo que no debería subsistir en un régimen basado en la libertad.

Los acuerdos tomados por las élites en los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco garantizaron un proceso de estabilidad política, pero tuvieron graves consecuencias en las mismas familias que perdieron la guerra y padecieron la represión franquista. Pero cuando un individuo ha crecido, cuando una sociedad democrática es madura, tiene la obligación de asumir las consecuencias de sus actos. Y por eso es preciso que la sociedad española, alcanzado ya un amplio grado de solidez democrática, asuma las consecuencias de lo que hizo y recompense a esas miles de familias que fueron echadas al olvido. Las interpretaciones inmaculadas de la transición deben dar paso a visiones con matices, a un conocimiento más aproximado de los actores y del papel que desempeñaron que nos permita a las generaciones que no la hicimos valorar hasta qué punto fue necesaria la construcción de esta deuda histórica. Algunos de los partidos que firmaron la proposición sobre la condena del franquismo el pasado 20 de noviembre parecen haber acordado evitar el uso electoral de ese debate. Ésa es una opción que les compromete a ellos. Pero eso no debería convertir el proceso de recuperación de la memoria en un segundo acuerdo por el silencio. Se hace evidente que es primordial el compromiso de diferentes sectores sociales, desde el Gobierno a los medios de comunicación, para que se facilite ese debate, para que se escuchen las voces de las víctimas sin miedo a levantar la venda y ver lo que la herida esconde. Cuando comenzaron en El Bierzo las primeras exhumaciones de fosas comunes algunos columnistas conservadores anunciaron la llegada de la revancha. Existe un miedo en España a que este proceso vaya acompañado por nombres de los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos que tuvieron lugar tras la guerra civil. Miles de españoles participaron en ellas, las apoyaron y las aplaudieron y con la llegada de la democracia la ley de amnistía permitió que no tuvieran por ello ninguna responsabilidad penal. El derecho a conocer todos los rincones de esta que es nuestra historia no prescribió con aquella decisión política. Si eso no fuera posible habría que plantearse qué democracia hemos construido que no soporta revisar las consecuencias del franquismo.

Pero ese conocimiento está sembrado de obstáculos. Existen todavía en España miles de documentos, en gran parte bajo jurisdicción militar, que no pueden ser investigados. Decenas de miles de jóvenes españoles no han estudiado en sus centros de enseñanza ni la Segunda República, ni la guerra civil, ni la dictadura franquista. Es posible que la causa sea lo extenso de los programas académicos pero, ¿qué jóvenes está educando nuestra sociedad para los que esa parte de la historia no es su historia? ¿Qué identidad están tejiendo ajenos a esos acontecimientos? La recuperación de la memoria debe servir para poner las cosas en su sitio, para acercarnos a la realidad, a toda la realidad, sin temer que nadie vaya a cortar lo que está brotando. Y para ello es necesario un debate sembrado de propuestas que llene de contenido la proposición de reconocimiento moral de las mujeres y los hombres que padecieron la represión franquista, recientemente aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Habrá que ver si el Valle de los Caídos se queda como está o si en su nave central se instala una gran exposición permanente que explique cómo se hizo, quiénes lo hicieron y por qué fueron obligados a construirlo. Habrá que ver si los cuatro presidentes que han gobernado el país desde las elecciones de junio de 1977 realizan un acto simbólico de agradecimiento a estas familias o es suficiente con lo aprobado el pasado 20-N en la Comisión Constitucional. Habrá que ver si es necesaria la construcción de museos que recuerden aquellos acontecimientos o es suficiente con que formen parte de los libros. Habrá que ver si las empresas privadas que se enriquecieron con la mano de obra de los presos políticos tienen hoy alguna responsabilidad, ¿o ha pasado demasiado tiempo?

Se trata de llevar a cabo un debate que tras la muerte de Franco no se pudo hacer. Se trata de que la transición se convierta en lo que realmente se debió llamar y no se pudo pronunciar: una recuperación de la democracia que ya había llegado a España en noviembre de 1933, cuando votaron por primera vez las mujeres y los hombres con sufragio universal. También habrá que ver si ésa es una fecha que hay que celebrar, como lo hace cualquier democracia consolidada, o es mejor que siga habitando en la desmemoria colectiva. Con la restauración de la democracia tras la muerte de Franco miles de familias españolas renunciaron a sus derechos para permitir que el proceso político fuera estable. Esos hombres y mujeres, sus hijos y sus nietos viven todavía las terribles repercusiones emocionales de la dictadura. Ya es hora de que se les reconozca y se les agradezca todo lo que han sufrido por defender la democracia. Y que por fin, lo que desde ellos está brotando, nadie lo corte.


Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.


domingo, 21 de mayo de 2023

HOY HAY ELECCIONES EN GRECIA: HACE OCHO AÑOS LAS GANÓ ALEXIS TSIPRAS Y ASÍ FUE

 

Hace ocho años, el fotógrafo Clemente Bernad y un servidor anduvimos por Atenas en el cierre de su campaña electoral y en la celebración de las elecciones y esto aquí se cuenta...


Papandréu y Felipe González, Syriza y Podemos

Unas horas en Atenas bastan para percibir la importancia que tienen las elecciones generales del próximo domingo


La sombra renovada del fascismo ¿Se informa o no se informa?

Ningún periodista acudió el cierre de campaña de Amanecer Dorado, el partido neonazi que aspira a ser la tercera fuerza política en Grecia. "nos acusan de fascistas pero más fascistas son ellos que se niegan a contar lo que hacemos”, critica la formación.

El miedo, ese partido político invisible de la derecha griega

Es difícil entender por qué los votantes de Amanecer Dorado responsabilizan de las consecuencias del desastre financiero al eslabón más frágil y no a quienes desde los despachos han decidido que sus máximos beneficios pueden ser compatibles con el extremo empobrecimiento de millones de personas  


La izquierda espera la derrota de la troika también en España tras el giro en Grecia

Formaciones como Izquierda Unida, ICV o Podemos celebran la victoria de Tsipras, que consideran antesala del cambio político en España tras cuatro años de recortes del PP

viernes, 14 de abril de 2023

14 de abril: la Segunda República vista desde la lengua de una mariposa

Una vez recogidos los animales y cerrada la puerta de casa, el padre se sentaba a liarse un cigarrillo junto a la chimenea, la madre cosía con la tenue luz de las brasas dejándose la vista en no perder el hijo y el hijo pequeño sacaba de la cómoda el libro que les había correspondido, se sentaba junto al fuego y comenzaba a leerles una historia a sus padres. La imagen resulta inusual, pero fue muy real en miles de pueblos españoles en los que los cambios de la Segunda República, su esfuerzo en alfabetizar el país construyó ese momento histórico en el que los hijos de jornaleros analfabetos pudieron recibir instrucción pública y, una vez que sabían leer, acceder a alguno de los 600.000 libros que las misiones pedagógicas distribuyeron por más de 5.000 pueblos, donde apenas unos pocos señoritos eran propietarios de libros que no fueran la biblia.

La imagen de esos hijos contándoles cuentos a sus padres forma parte de la historia de uno de los proyectos pedagógicos más hermosos que se han desarrollado en la historia de la humanidad. Explica milimétricamente, además, lo que fueron los proyectos de transformación social de la Segunda República y todo el esfuerzo educativo que llevó a cabo para luego caer en ese agujero de la historia al que el fascismo arrastró a este país que estuvo durante casi veinte años de la dictadura sin construir un solo centro de enseñanza.

Cultura para escapar del hambre, para adquirir ciudadanía, para conocer los derechos, para igualarse con los que pontificaban desde los púlpitos y los cortijos de los latifundios. Había tardado en llegar el siglo de las luces, pero cuando el trabajo de la Institución Libre de Enseñanza se convirtió en guía de la política educativa, España inició un periodo de profunda transformación social, construida desde las urnas y el deseo de abandonar el atraso secular con el que los grandes estamentos españoles habían condenado a la ciudadanía.

De pronto el Estado, ese instrumento que regulaba de forma amañada los grandes intereses, extendió su radio de acción, se volvió inclusivo, señaló como ciudadanas a millones de personas que hasta entonces eran insignificantes para las autoridades.

La Segunda República nació de forma pacífica, desde las urnas, pasando por los ayuntamientos y por el convencimiento mayoritario de que la monarquía era el principal impedimento para modernizar la sociedad. Mujeres llamadas a votar, cientos de miles de personas analfabetas que dejaban de serlo, remodelación de un Estado que hasta entonces estaba al servicio de la iglesia católica y de los latifundistas; redacción de la primera Constitución en el mundo que admitió como propio el derecho humanitario elaborado por la sociedad internacional hasta la época.

Fue un momento hermoso sobre el que la dictadura echó toneladas y toneladas de difamaciones, de falsificaciones, de generalizaciones, repitiendo y repitiendo el relato de la violencia, los conflictos sociales, los brotes revolucionarios, para justificar la necesidad del fascismo, de filonazismo, de una mano dura que pusiera orden.

Escondieron y sepultaron a los hombres y mujeres que llegaban a los pueblos más recónditos con bibliotecas portátiles, con gramófonos, llevando la cultura a toda la ciudadanía como un derecho, sacando el poder de la enseñanza de las sacristías, de los casinos de los propietarios, de las instituciones constituidas por y para privilegiados.

Contaba un octogenario Agustín Aragón, en el año 2002, al pie de una fosa común en la localidad burgalesa de Caleruega que en los años de la república él era pastor y había sido alcalde de su pueblo, Espinosa de Cervera. Lo explicaba entre bocanada y bocanada del oxígeno de la bombona. “Eso fue la República, que un pastor como yo podía ser alcalde”.

Los años de la Segunda República concentraron el deseo de generaciones y generaciones de desposeídos, de iletrados, de descalzos, de olvidados, de personas cuya existencia estaba destinada a servir a señoritos, a trabajar para señoritos, a dejar su destino en manos de señoritos.

La metáfora más hermosa para explicar el significado de lo que fue la Segunda República está escondida en los pliegues de La lengua de las mariposas, la película de José Luis Cuerda basada en el relato del escritor gallego Manuel Rivas. En ella hay una escena en la que el maestro republicano, cumpliendo el rito de la Institución Libre de Enseñanza de mantener el contacto del alumnado con la naturaleza, sale a pasear con ellos a observar las plantas, las aves, los insectos.

Hay un momento en que una mariposa se posa sobre una flor y entonces uno de los alumnos pregunta cómo consigue mariposa introducir su lengua en la flor para libar el néctar. Y el maestro para que lo entiendan todos, les pone un ejemplo extraído de la propia vida de los niños. Le explica que cuando está en casa y quiere tomar azúcar a escondidas, una vez que se asegura de que no hay nadie en la cocina, acerca una silla a la pared de la estantería se sube a ella en busca del bote del azúcar, lo coge, le quita la tapa y cuando ya lo tiene al alcance de la mano se chupa la punta de un dedo y pone el dedo sobre el azúcar. En ese momento, le explica el maestro, cuando el dedo está en contacto con el azúcar el niño ya está sintiendo el dulzor que tardará unos segundos en estallarle en la boca.  La Segunda República fue para millones de personas, después de decenas y decenas de generaciones, su primera oportunidad para poner un dedo sobre el azúcar de la historia.

Los miles de libros que las personas que formaban parte de las Misiones Pedagógicas repartieron a lo largo y ancho del país, eran el manual de instrucciones de una sociedad que llevaba siglos siendo esperada. El valor ético de los hombres y mujeres que llevaron a cabo ese esfuerzo es un patrimonio sin el que será posible reconstruir el civismo ético y el compromiso necesario para volver a poner el bote de azúcar de la historia al alcance de las manos de quienes necesitan de la decencia democrática para dejar de sufrir. 

 

 

martes, 20 de septiembre de 2022

UNA ESPAÑA VACÍA QUE ¿DULCIFICA EL FRANQUISMO?

En La España vacía leo a Sergio del Molino afirmar que "en el franquismo se podía hablar de pobreza. Se podía lamentar y denunciar la situación de los pobres". Y parece una frase del guión de la historia de la dictadura franquista contada por Walt Disney. 

Lo leo y me acuerdo de está fotografía que prohibió la dictadura y pienso: "España vacía pero ¿de qué? ¿de memoria?".


El franquismo censuró esta fotografía de Hermes Pato de 1940. El triunfo del dictador no podía verse enturbiado por la mirada de ese padre, sus dos hijos y su hija escondida bajo la manta por ese retrato de la pobreza que explicaba lo poco que había tenido de glorioso el alzamiento nacional.
Cuando hoy algún periódico extranjero como The New York Times retrata en sus páginas la dureza de la crisis, el Gobierno de España protestaba afirmando que era una exageración. El Partido Popular piensa que aunque haya generado millones de pobres tenemos que comportarnos como si todavía fuéramos el milagro económico español.
La vergüenza de los pobres es la desvergüenza de los ricos. Mientras decenas de miles de familias apagan el termostato de la calefacción por no poder pagar suministros energéticos, el número de ricos en nuestro país aumenta un 40% en los últimos cinco años.
Padres que recogen comida en los colegios de sus hijos cuando no los ven otros padres, personas que pasan hambre por no ir a un banco de alimentos, hombres y mujeres que callan su pobreza. El silencio de la gente corriente siempre protege a los verdugos y a los reyes de la avaricia. ¿Cómo seria la política en nuestro país si la pobreza hablara?

Cuando un relato se hace hegemónico en España hay que sospechar convenientemente de él. De lo que estuvo vacía España durante la dictadura fue de democracia y durante los años posteriores a la dictadura estuvo vacía de justicia para las víctimas del franquimo. Y de lo que está llena es de relatos negacionistas y complacientes.

lunes, 11 de julio de 2022

USO Y ABUSO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA (POR PARTE DE LA DERECHA

 

·    A principios de los 90, la mayoría electoral no se considera preparada para ver a la derecha en el gobierno central. En 1995 sufre un atentado de ETA, del que sale ileso.Tras ese hecho, la imagen pública del líder popular cambia y el PP da un giro a su interpretación de la violencia terrorista

·    La exposición pública de las víctimas de ETA permitía continuar ocultando a las víctimas de la dictadura, que esperaban a un Estado democrático que garantizase sus derechos


Emilio Silva

 En los primeros años de la Transición (cuando recuperábamos la democracia) el Partido Popular (entonces Alianza Popular) no podía utilizar el pasado como argumento para su legitimidad democrática. Teniendo como fundador a Manuel Fraga, ministro de la dictadura, debía mirar hacia el futuro.

Mientras la élite franquista blanqueaba su biografía, para convertirse en élite democrática, el ambicioso Fraga fracasó en sus repetidos intentos por llegar a la Moncloa, incapaz de aceptar que la sociedad no quería un presidente del Gobierno que hubiera sido dirigente en el franquismo.

Así que la derecha española, herida por varias derrotas electorales, decidió llevar a cabo una gran operación cosmética. En el congreso de enero de 1989, sueltan lastre del pasado y Alianza Popular se refunda en el Partido Popular. Al mismo tiempo llevan a cabo un cambio generacional; aparece un nuevo líder, José María Aznar, en ese momento presidente de la Junta de Castilla y León.

El partido pasó a definirse como fuerza de centro liberal, a pesar de que Aznar había sido durante su juventud militante del Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), una organización estudiantil que posteriormente se transformó en el partido Falange Española Independiente (FEI). Encontró su legitimidad biográfica en el espíritu de la transición, donde “todos renunciaron a algo” e incluso llegó a definirse como el heredero de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez.

Aznar, como líder del PP, no consigue ganar las elecciones generales ni en 1989 ni en 1993; la mayoría electoral no se considera preparada para ver a la derecha en el gobierno central. Pero el 19 de abril de 1995 sufre un atentado por parte de ETA, del que sale ileso gracias a viajar en un vehículo blindado. Tras ese hecho, la imagen pública del líder popular cambia.

Es a partir de ese momento cuando el Partido Popular da un giro a su interpretación de la violencia de ETA. De su oposición a ella puede nacer la legitimidad que necesitaban para que la sociedad considerase que se trata de una fuerza política de arraigo democrático. Como consecuencia, la relación del PP con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se intensifica y los populares comienzan la construcción de una figura hegemónica, según la cuál, un demócrata es quien ha sido víctima de ETA o condena públicamente su violencia.

Ser víctima de un delito violento no tiene nada que ver con el hecho de ser demócrata, porque para serlo hay que sostener y defender principios democráticos. Pero José María Aznar y su partido planificaron la construcción social de esa asociación de conceptos. Eso les permitía aglutinar su arcaica idea de la unidad del Estado, combatir una anti España que le movilizaba voto, y legitimarse. En ese proceso llegaron incluso a condecorar a Melitón Manzanas, uno de los más sanguinarios torturadores de la dictadura, que fue asesinado por ETA.

La exposición pública de las víctimas de ETA permitía continuar ocultando a las víctimas de la dictadura, que esperaban a un Estado democrático que garantizase sus derechos. Más de cien mil familias ansiaban la llegada de un Gobierno que reabriera las fosas, cerrara las heridas y devolviera a los más de cien mil desaparecidos su buen nombre y un lugar digno en el que reposar.

Cuando un ciudadano es víctima de la violencia, las instituciones deben mirar el daño que ha sufrido y poner en marcha la atención precisa, al tiempo que se produce la intervención policial y judicial. Esa asistencia no puede depender del discurso político del agresor ni del de la víctima; debe ser un derecho apartidista e indiscriminado.

Pero el PP ha establecido durante sus años de gobierno una jerarquía en la atención de las instituciones que tiene que ver directamente con su ideología. Durante años hemos visto cómo las víctimas de la AVT recibían un trato preferente con respecto al de otras organizaciones como la que preside Pilar Manjón. Es una clara prevaricación humanitaria, consistente en diseñar sus políticas de atención a quienes han sufrido delitos violentos desde sus intereses de partido.

Hasta ese punto, la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar, actual presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ofreció un discurso en el décimo séptimo aniversario del asesinato de su hermano en el que agradeció al Partido Popular su política antiterrorista.

En el artículo tercero de sus estatutos el PP se declara soidario con las víctimas de la violencia de cualquier signo. Pero en sus años de Gobierno jamás ha movido un dedo por reparar a las víctimas de la dictadura. Se trata de una cuestión compleja porque, independientemente de que algunos de sus miembros justifiquen el franquismo, supone criminalizar a sus padres fundadores. Su actitud ha sido la de crear excusas, alguna tan manida y repetida como la de que dar una sepultura digna a una víctimas de la dictadura reabre heridas. Por su parte, el PSOE también ha acompañado al PP en esa política discriminatoria, en parte por inercia y en parte por la culpabilidad de no haber hecho nada por las víctimas del franquismo durante los gobiernos de mayorías absolutas de Felipe González.

En esa construcción, el PP llegó a convertir en la prueba de la cultura democrática de un partido o individuo la condena de la violencia de ETA. Se trata de un falso silogismo, porque el rechazo de esa violencia lo pueden haber practicado en estos años miles de torturadores franquistas, miembros de grupos de extrema derecha y otros colectivos que desprecian la democracia. Y además un ejercicio de doble moral. En el verano de 2013 el alcalde de la localidad lucense de Baralla, el popular Manuel González que aseguró en un pleno municipal que “los que fueron fusilados por el franquismo se lo merecían”. A este militante que justificaba la desaparición forzada de 113.000 civiles el PP no loe pidió una condena de la dictadura. Cuando desde algunos ámbitos se pidió su dimisión él aseguró que “el partido ya me ha perdonado”.

Más doble moral; mientras el PP ha tratado de sacar del juego político a quienes no condenaban la violencia de ETA, financiaba con dinero público del a la Fundación Francisco Franco (Ministerio de cultura 2000 ), sostenía monumentos a dirigentes franquistas, responsables de los peores crímenes que hemos conocido, o apoyaba acciones militares que han causado la muerte a miles de civiles.

De toda esa intervención en la cultura política surge la reacción del con respecto a la afirmación de Pablo Iglesias de que el terrorismo de ETA tiene “explicaciones políticas”. Las declaraciones en las que Esperanza Aguirre le dice a Podemos que entregue a las víctimas el dinero que le sobra del crowdfounding que ha hecho para demandarla, forma parte de esa cultura del PP que ha visto la financiación a ciertas víctimas como la forma de adquirir pedigrí democrático.

Pero el final de la violencia de ETA y los cambios que está generando la crisis han cambiado la realidad. La raya que dibujó Aznar durante sus años de mayoría absoluta, a partir de la cual quienes no estaban con él no merecían el nombre de demócratas, se diluye. Su instrumentalización de las víctimas de ETA queda patente ante su abandono de los desaparecidos de la dictadura o su política de desprotección de las mujeres que sufren la violencia machista. Igual que sus condenas de la violencia, que nunca han alcanzado a una de las dictaduras más sangrientas del mundo.

El PP ha utilizado política y partidistamente las consecuencias de la violencia de ETA. Así se explica su intento de modificar la autoría de los atentados del 11M de 2004, convencidos de que tenían la mayoría pero si sostenían su versión de los hechos hasta el día de las elecciones, tendrían la mayoría absoluta garantizada. Por eso resulta evidente su sobreactuación cuando alguien afirma que existen explicaciones políticas al respecto, como si sus dirigentes no hubieran hecho política con los efectos de la violencia.

Pero el marco se desfigura y lo que durante un tiempo fue un instrumento de persecución inquisitorial (basta recordar la campaña contra Julio Medem por su documental La pelota vasca) se desactiva por el cambio de contexto. Los límites políticos que establecieron los padres de la transición se desdibujan. Cada vez es más evidente que en la trastienda de la política institucional se priorizaban los privilegios y prebendas de la oligarquía. Por eso, cuando ese sistema político nos ha traído hasta esta crisis, sus herramientas se han mostrado inútiles para proteger socialmente a la ciudadanía.

La derecha española se encuentra en una encrucijada. Sus cimientos liberales se desmoronan y el uso que ha hecho de las consecuencias de la violencia terrorista ya no sirven para abatir adversarios. Con los efectos de la crisis, la sociedad ha adquirido otras prioridades y desde el partido que gobierna y genera sufrimiento social ya no es posible movilizar contra otros con la fuerza con que lo hacían antes.

El PP necesita construir nuevas herramientas políticas que realmente operen en la sociedad. Sus reiterados intentos por reabrir el debate acerca del terrorismo han sido infructuosos. En estos momentos no son capaces de apreciar que su crisis va más allá del descontento que generan sus políticas económicas y sociales. El desmoronamiento electoral del PSOE supone también un cambio que deben elaborar. Es posible que necesiten su regreso a la oposición para llevar a cabo una reflexión colectiva que les obligue a romper los viejos lazos y a terminar con la instrumentalización de las víctimas del terrorismo. Mientras tanto, intentan convertir a Pablo iglesias en esa antiEspaña que hasta ahora movilizaba su voto. Pero el cambio social generado por la crisis ha sido enormemente profundo y es posible que no sean capaces de verlo hasta que un resultado electoral lo saque a la superficie.

 

lunes, 20 de junio de 2022

¿PUEDE PEDRO SÁNCHEZ ESPERAR AL AÑO QUE VIENE PARA CONVOCAR UNAS ELECCIONES GENERALES?

El resultado de las elecciones andaluzas no ha sido una sorpresa pero puede ser una buena percha para colgar alguna decisión política trascendente. La inflación es ahora mismo la responsable del mayor ejercicio de oposición electoral al Gobierno. El Partido Popular no tiene que esforzarse mucho para generar una oportunidad en la que sustituirlo porque el Índice de Precios al Consumo es su mejor aliado. Ahora mismo basta con aplicar el método utilizado por Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas; hacer una campaña sin campaña. La misma estrategia de José María Aznar en el año 2000 que hizo el mínimo ruido posible para no despertar a la abstención de la izquierda y obtuvo 183 escaños que dejaron perplejos a toneladas de analistas electorales. 

La abstención en la izquierda es sensible y crece con la realidad y las numerosas desilusiones que le provoca la gestión política. La participación electoral de la derecha suele ser más disciplinada, más religiosa, es una demostración de fe. A eso hay que añadirle que cuando los políticos del PP prometen rebajas fiscales en un momento de inflación disparada están utilizando un superconductor que se suma a los fallidos intentos por limitar y disminuir el gasto en energía. 


La previsión es que a lo largo de este año el IPC alcance cerca de 9%. Los vasos comunicantes de la vida doméstica hacen que crezcan los precios y decrezcan los votos. Pero hay un punto crítico en esa realidad que puede arrasar cualquier expectativa electoral de los partidos que gobiernan; el ajuste de las pensiones y los sueldos de los funcionarios cuando acabe el año. 

En enero del año que viene el Gobierno tendrá que anunciar la cifra del poder adquisitivo que van a perder más de 10 millones de personas, los cerca de 9 millones de pensionistas y los más de 2 millones de funcionarios. El Estado del déficit público y la voluntad política van a obligar a perder a esos dos enormes colectivos un 5 o un 6 por ciento de su capacidad de gasto; casi como si les quitaran una de las catorce pagas que reciben al año. Se trata de una medida que va a tener terribles consecuencias electorales y que cualquier Gobierno preferiría llevar a cabo poco después de haber pasado por las urnas y no unos meses antes. 

También está la voluntad política. Hemos visto al Gobierno limitar precios como los de las pruebas de antígenos pero no "puede hacerlo" con el precio de la gasolina o de la energía eléctrica. Con esos ha preferido subvencionar el precio del litro o limitar el precio del gas para uso de producción eléctrica. La jugada política de los surtidores lleva asociado el hecho de que cuando se paga se le recuerda al consumidor el dinero que le está "dando" directamente el Gobierno en esa subvención. Podría ser un mecanismo de repetición electoral muy favorable si no fuera porque el mercado devora de manera acaparadora y el precio del combustible se ha comido los céntimos de subvención y otros tantos más.

El resultado de las elecciones en Andalucía podría ser una buena percha para crear la narración de otra causa para un adelanto electoral que no sea la del aumento de los precios porque eso sería asumir directamente la responsabilidad o la incapacidad para contenerlos. Se pueden crear otras situaciones: otra puede ser la ruptura de la coalición de partidos que ahora mismo celebran los martes los Consejos Ministros en la Moncloa. 

La inflación y las consecuencias que va a tener de pérdida de poder adquisitivo para millones de personas por decisiones de Pedro Sánchez son un lastre que tiene al Gobierno en caída libre electoral. Si decide agotar la legislatura su desgaste para entonces puede ser catastrófico. Si las adelanta es evidente que corre muchos riesgos pero se enfrentaría a los comicios con algo de oxígeno.

Tiene alguna opción, como crear ese impuesto a los ricos que permita mantener el poder adquisitivo a quienes reciben la mensualidad desde las instituciones del Estado. Veremos qué pasa tras la cumbre de la OTAN. Pero es posible que el punto crítico que le espera en el inicio del próximo año sea inasumible para quienes ven que el suelo electoral se encoge considerablemente bajo sus pies.