Escribe el ex director del diario El País y consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, que lo que ha ocurrido en Cataluña es la mayor amenaza contra la democracia desde 1978. Pero si uno lo piensa a mí se me ocurren unas cuántas amenazas que deberían ser insoportables: somos el país de la Unión Europea en el que más crece la desigualdad, eso quiere decir que hay millones de personas que cuando ejercen su derecho al voto no están decidiendo nada sobre sus vidas, millones de personas condenadas a vivir la angustia de la falta de recursos, de la fragilidad social, de la vida en la intemperie.
Se me ocurre también que tenemos un Poder Judicial alejado terriblemente de la independencia y la justicia; hemos tenido un fiscal anticorrupción que era un abogado defensor de corruptos. Tenemos un sistema fiscal al servicio de los ricos que pueden construirse un paraíso fiscal sin tener que ir a Suiza o a Panamá. Tenemos un sistema de educación pública deteriorado por quienes tienen el proyecto político de empeorarlo y de que nunca reparta oportunidades y construya una verdadera igualdad, que va dejando atrás a los más débiles para producir y reproducir la misma estructura social.
Tenemos una relación entre la iglesia y el Estado que ha evolucionado poco desde la Edad Media; el catolicismo recibe todos los años 11.000 millones de euros de dinero público para adoctrinar y debilitar la enseñanza pública y laica. Tenemos en el Gobierno un partido que ha robado, que ha borrado pruebas, que ha dado una amnistía a delincuentes fiscales, que utiliza la televisión pública como su gabinete de prensa, que mantiene complicidad institucional con la dictadura franquista o que habla de respeto a la legalidad siempre que no se trate de limitar sus intereses.
Todos esos y otros más son golpes a la democracia, amenazas reales que la limitan, que la empobrecen, que la deterioran, que en algunos ámbitos la hacen inexistente. Sólo con tener un poder judicial verdaderamente democrático e independiente nos haría vivir en otro planeta, pero el sistema está diseñado a imagen y semejanza de quienes se llaman demócratas y nunca movieron un dedo para que pudieran llevar a una urna una papeleta que representara ideas distintas a las suyas.
Y podemos seguir hablando de las 114.226 personas desaparecidas por la dictadura franquista que siguen tirados en cunetas y caminos; de las empresas del IBEX 35 que utilizaron esclavos políticos para hacer fortuna y jamás los indemnizaron; de las miles de propiedades que siguen en España en manos de fascistas o de sus descendientes, de todas las personas que en los años 40, 50 y 60 sufrieron terribles abusos siendo niños por parte de religiosos católicos; y han muerto y mueren en silencio por miedo y por vergüenza; de los poliomielíticos que no pudieron acceder a una vacuna cuando ya las compraba el estado franquista, porque eran hijos de rojos; de la ruina de las instituciones con los 40.000 millones de euros que nos han robado los bancos rescatados; de todas las personas maltratadas, abusada, humilladas y explotadas por el machismo o el capitalismo sin escrúpulos.
La democracia es algo muy complejo, y está amenazada por múltiple frentes pero sobre todo por quienes ponen sus intereses de clase y su avaricia desmedida por encima de los intereses del bien común.
Hubo un tiempo, antes del fin de la guerra fría en que la ONU parecía un verdadero árbitro ético de la política internacional. Sus organismos generaban respeto, sus cascos azules eran héroes en misión planetaria y la Organización de Naciones Unidas era la esperanza para millones de seres humanos pisoteados.
Pero acabó la guerra fría y aquel organismo supranacional destinado a crear equilibrios entre grandes y pequeños, creado el 24 de octubre de 1945 para convertir en ética internacional todo el sufrimiento de la humanidad acumulado en la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a evaporar.
Los Estados aprendieron a no hacerle caso, a quitarle financiación y a deteriorarlo para que su poder ético se derrumbase.
El pasado lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy decía en un tuit. “Satisfecho por la elección de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Cómo es posible?
Se felicita por entrar en el consejo de derechos humanos el presidente de un país que no hace nada por buscar a las 114.226 personas desaparecidas por la dictadura franquista; que se niega a acoger a miles de refugiados que tienen derecho de asilo porque huyen de una violencia extrema; el mismo que obligó a Ascensión Mendieta a cumplir 88 años a bordo de un avión que la llevaba a Buenos Aires, para buscar en la justicia argentina la ayuda que obtuvo porque la justicia española se negaba a garantizarle el derecho a enterrar dignamente a su padre.
El Estado español es tremendamente precario en cuestión de Derechos Humanos. El Congreso de los Diputados no tiene una Comisión de Derechos Humanos y el único departamento estatal que se encarga del tema forma parte del organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es como decir que esos problemas están fuera y lejos. Si alguien visita su web y pincha en el link que dice “Prioridades de España” verá que todas están señaladas a miles de kilómetros.
Que la ONU conceda a un país como España un asiento en ese consejo es una muestra de debilidad, de enorme deterioro, de que finalmente se está convirtiendo en poco más que una coartada. Pero si miramos dentro de ese Consejo y vemos que lo preside Arabia Saudí, el país sin democracia que ejecuta a blogueros opositores y aplica arbitrariamente la pena de muerte, no es necesario que expliquemos mucho más. Rajoy está satisfecho, y un derecho es un derecho.
