El resultado de las elecciones andaluzas no ha sido una sorpresa pero puede ser una buena percha para colgar alguna decisión política trascendente. La inflación es ahora mismo la responsable del mayor ejercicio de oposición electoral al Gobierno. El Partido Popular no tiene que esforzarse mucho para generar una oportunidad en la que sustituirlo porque el Índice de Precios al Consumo es su mejor aliado. Ahora mismo basta con aplicar el método utilizado por Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas; hacer una campaña sin campaña. La misma estrategia de José María Aznar en el año 2000 que hizo el mínimo ruido posible para no despertar a la abstención de la izquierda y obtuvo 183 escaños que dejaron perplejos a toneladas de analistas electorales.
La abstención en la izquierda es sensible y crece con la realidad y las numerosas desilusiones que le provoca la gestión política. La participación electoral de la derecha suele ser más disciplinada, más religiosa, es una demostración de fe. A eso hay que añadirle que cuando los políticos del PP prometen rebajas fiscales en un momento de inflación disparada están utilizando un superconductor que se suma a los fallidos intentos por limitar y disminuir el gasto en energía.
La previsión es que a lo largo de este año el IPC alcance cerca de 9%. Los vasos comunicantes de la vida doméstica hacen que crezcan los precios y decrezcan los votos. Pero hay un punto crítico en esa realidad que puede arrasar cualquier expectativa electoral de los partidos que gobiernan; el ajuste de las pensiones y los sueldos de los funcionarios cuando acabe el año.
En enero del año que viene el Gobierno tendrá que anunciar la cifra del poder adquisitivo que van a perder más de 10 millones de personas, los cerca de 9 millones de pensionistas y los más de 2 millones de funcionarios. El Estado del déficit público y la voluntad política van a obligar a perder a esos dos enormes colectivos un 5 o un 6 por ciento de su capacidad de gasto; casi como si les quitaran una de las catorce pagas que reciben al año. Se trata de una medida que va a tener terribles consecuencias electorales y que cualquier Gobierno preferiría llevar a cabo poco después de haber pasado por las urnas y no unos meses antes.
También está la voluntad política. Hemos visto al Gobierno limitar precios como los de las pruebas de antígenos pero no "puede hacerlo" con el precio de la gasolina o de la energía eléctrica. Con esos ha preferido subvencionar el precio del litro o limitar el precio del gas para uso de producción eléctrica. La jugada política de los surtidores lleva asociado el hecho de que cuando se paga se le recuerda al consumidor el dinero que le está "dando" directamente el Gobierno en esa subvención. Podría ser un mecanismo de repetición electoral muy favorable si no fuera porque el mercado devora de manera acaparadora y el precio del combustible se ha comido los céntimos de subvención y otros tantos más.
El resultado de las elecciones en Andalucía podría ser una buena percha para crear la narración de otra causa para un adelanto electoral que no sea la del aumento de los precios porque eso sería asumir directamente la responsabilidad o la incapacidad para contenerlos. Se pueden crear otras situaciones: otra puede ser la ruptura de la coalición de partidos que ahora mismo celebran los martes los Consejos Ministros en la Moncloa.
La inflación y las consecuencias que va a tener de pérdida de poder adquisitivo para millones de personas por decisiones de Pedro Sánchez son un lastre que tiene al Gobierno en caída libre electoral. Si decide agotar la legislatura su desgaste para entonces puede ser catastrófico. Si las adelanta es evidente que corre muchos riesgos pero se enfrentaría a los comicios con algo de oxígeno.
Tiene alguna opción, como crear ese impuesto a los ricos que permita mantener el poder adquisitivo a quienes reciben la mensualidad desde las instituciones del Estado. Veremos qué pasa tras la cumbre de la OTAN. Pero es posible que el punto crítico que le espera en el inicio del próximo año sea inasumible para quienes ven que el suelo electoral se encoge considerablemente bajo sus pies.
