Acabado el Consejo de Ministros, del 15 de septiembre de 2020, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparece ante la prensa para exponer la aprobación del texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Después de hacer un breve recorrido por su contenido, responde a una pregunta sobre los plazos de tramitación que “en tres meses se estará debatiendo en el Congreso”. Esa noche, concede una entrevista radiofónica y al final de la exposición de su argumentario para defender el anteproyecto, sentencia que “este es un problema muy importante y no podemos perder ni un minuto”.
Cuando Carmen Calvo dice esa
frase lleva siendo vicepresidenta del Gobierno cerca de dos millones de
minutos. En ese tiempo no ha puesto en marcha políticas de memoria que asegura que son urgentes
y para las que no hace falta una ley, porque se pueden llevar a cabo con
decisiones del poder ejecutivo. Cuando se produce el primer debate sobre el
anteproyecto, el pasado 14 de octubre, no han transcurrido los tres meses que
anunció en su comparecencia en Moncloa, sino catorce.
A la hora de calibrar la
verdadera voluntad política
que hay tras la elaboración de un nuevo texto legislativo, para una ley de la
memoria, el tiempo es un termómetro fiable para medir cuánto hay de principios en las políticas hacia el pasado y cuánto hay de fines.
En la primera legislatura de
Zapatero, cuando se elaboró la Ley de la Memoria 52/2007, una comisión interministerial se reunió con una treintena de
colectivos de memoria histórica, incluida la Falange. Era diciembre de 2004 y
por los pasillos de la Moncloa se dijo que el texto estaría en el Boletín Oficial del Estado tres meses
después. Pero los que pasaron fueron
tres años. El tiempo necesario para acercar la aprobación de la ley a unas
elecciones generales y que el electorado escuchara a la rancia derecha, que se
niega a condenar plenamente la dictadura franquista, y que eso influya en el
las urnas.
Once meses después del anuncio del anteproyecto de ley se
produce en el Congreso de los Diputados el primer debate. Se trata de que el
Pleno decida la retirada del texto, que han solicitado el Partido Popular y
Vox, y la enmienda a la totalidad que propone Esquerra Republicana de
Catalunya.
El ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños,
sucesor en el cargo de Carmen Calvo, se enfrenta a la primera defensa que tendrá
que hacer del texto ante
la cámara. Le acompaña la incógnita de saber cómo será su
discurso político
con respecto a su predecesora; más o menos contundente con las consecuencias de la dictadura y con sus
responsables.
Bolaños fue el negociador del
Gobierno con la familia de Francisco Franco para el traslado de sus restos
desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio. En un lamentable tira y afloja con
la familia del dictador, que durante meses echó un pulso de tú a tú al Estado, no fue capaz o no
quiso imponerles unas condiciones contundentes. Finalmente se llevó a cabo la
escenificación de algo muy parecido a un funeral de Estado. Aquel 24 de octubre
de 2019 vimos nacer un monumento franquista en pleno siglo XXI, cuando los
restos del dictador fueron trasladados de un edificio de propiedad pública a otro de titularidad pública, para que sus víctimas y toda la ciudadanía sigan pagando con sus
impuestos la tumba de un genocida.
Ese mismo Bolaños, ascendido a ministro, se subió a la tribuna del Congreso de
los Diputados en la mañana del 14 de octubre para defender el texto de su
proyecto de ley. Comenzó hablando del sonajero aparecido en una fosa en el
cementerio de la Carcavilla, en la Ciudad de Palencia, como ejemplo del futuro
que la dictadura les robó a las víctimas. Pero poco tardó en desvelar la filosofía del anteproyecto de ley y del
uso del término “memoria democrática”.
Y en el momento en el que el
ministro habló de la fecha elegida por el Gobierno para que sean conmemoradas
las víctimas del
franquismo hizo la afirmación que mostraba definitivamente el alma de la ley. “Quiero decirles que la ley no
diferencia entre víctimas,
quiero decirles que no discrimina a unas frente a otras, quiero decirles que lo
que queremos es que todas las víctimas de la dictadura, todas las víctimas de la guerra, todas las víctimas del golpe de Estado
sientan que esta ley les homenajea”.
En eso consiste el texto del
proyecto de ley de memoria democrática; quiere rendir homenaje a todas las víctimas de la guerra. Una afirmación así significa que un Gobierno democrático equipara a quienes murieron
dando un golpe de Estado, para construir una dictadura, con quienes se
opusieron y protegieron la democracia. ¿Diría lo mismo
el ministro sobre un terrorista muerto cometiendo un atentado y una persona
muerta en el atentado? Es evidente que no.
El nuevo ministro no aportaba
nada nuevo. Las élites ya pactaron en la
transición que los franquistas eran intocables, que se quedarían con todo lo saqueado,
disfrutando de una impunidad sólida y confortable. Esa cultura política construida desde “la ley de hierro de la oligarquía”
ha formado parte esencial
de nuestro modelo democrático y en algunas ocasiones ha sido puesta en evidencia para
reproducirla ante las nuevas generaciones.
Ocurrió con José Bono, que ostentaba la cartera del ministerio
de Defensa en 2004. Ese año, en el desfile del 12 de octubre, el expresidente
castellano manchego hizo un enorme ejercicio de incultura democrática. Sin ningún complejo ni bochorno invitó a
desfilar juntos a un antiguo miembro de la División Azul y a un republicano
español que participó de la liberación de París,
luchando contra los nazis. Con el ruido de algunas protestas el ministro
defendió que en eso consistía la reconciliación; es decir, en que el Estado otorgue el mismo
reconocimiento a un soldado español del ejército nazi que a un republicano que combatió al nazismo. A lo que hay que añadir que a quienes representaba el primero obtuvieron reconocimiento,
verdad, justicia y reparación durante toda la dictadura y, por lo que se ve,
siguen recibiéndolo en democracia.
Hoy, esa misma cultura política, la que no distingue entre
quienes causaron el daño el 18 de julio de 1936 y quienes trataron de paliarlo,
redacta una ley de la memoria. En ella hablan de defender la verdad, pero no le van a mostrar a la sociedad quiénes fueron los verdugos y sólo quieren hablar
de las víctimas;
hablan de justicia, pero no van a juzgar a nadie por las miles de violaciones
de derechos humanos de la dictadura; y repiten la palabra reparación pero no
van a indemnizar a las familias de los desaparecidos, como han hecho con las de
las víctimas del
terrorismo, ni les van a devolver los bienes saqueados, usurpados, robados a
punta de pistola.
Para explicar dónde tiene sus límites la ley lo mejor es acudir a las dos
fechas que propone para conmemorar ese pasado, unidas latentemente por un mismo
objetivo.
Al finalizar el largo y violento
golpe de Estado iniciado por los fascistas en 1936, se exiliaron medio millón
de personas huyendo de la represión franquista. A todas esas personas obligadas
a expatriarse para salvar la vida hay que sumar los dos millones que cruzaron
la frontera durante la década de los cuarenta, cincuenta
y sesenta. Salían
como emigrantes pero la inmensa mayoría de ellas pertenecían a familias republicanas,
asfixiadas por la represión
económica y política bajo un Estado creado por y
para los vencedores.
El Anteproyecto de Ley de Memoria
Democrática
pretende conmemorar el recuerdo de ese exilio el 8 de mayo. Lo hace porque ese
día, en 1945, fue
derrotado en Europa el fascismo. ¿Qué significa eso? ¿Que
el Gobierno trata de aparentar que a nosotros también nos liberaron? ¿Que los miles de exiliados que murieron después de ese día sin volver a pisar sus pueblos y los que lo
hicieron 30 años más
tarde lo tienen que celebrar?
Una cosa es que cualquier
demócrata en el mundo se alegrara de la derrota del nazismo y otra que el
exilio republicano pueda celebrar ese que no cambió en nada su condición, algo
que no ocurrió hasta la muerte del dictador, cuando se abrió la puerta al
regreso para algunos de los supervivientes. Entonces, ¿por qué el Gobierno
pretende conmemorar esa fecha fallida? La mejor forma de entenderlo es conocer
la otra fecha elegida por el proyecto de ley.
El texto, que tardará meses en enfrentarse
definitivamente a su aprobación para llegar al BOE, elige como día para conmemorar a las víctimas de la guerra y la
dictadura el 31 de octubre. Lo hace para celebrar ese día del año 1978 en el que el
Congreso de los Diputados aprobó el texto de la Constitución que sería sometido a referéndum el 6 de diciembre de ese año.
Lo que pretende el Gobierno es
que las víctimas de
la dictadura franquista festejen la aprobación de un texto constitucional que
no las menciona, ni hace en su preámbulo una condena de la dictadura, ni reconoce como antecedente democrático la Segunda República. Se puede añadir que a las
elecciones que configuraron el Parlamento que elaboró ese texto no pudieron
presentarse partidos explícitamente republicanos, que tuvieron que cambiar sus siglas, como fue
el caso de ERC; o tuvieron que dar muestras públicas de renuncia al republicanismo, como
fue el caso del PCE; o fueron legalizados tras la celebración de los comicios,
con lo que las élites franquistas conquistaron
sin debate la instauración de una monarquía que garantizaba la continuidad y
consolidación de la impunidad.
Entonces ¿por qué el Gobierno quiere celebrar como fecha del
exilio la derrota del nazismo y que las víctimas del franquismo conmemoren la
aprobación de la Constitución de 1978? ¿Cuál es el hilo político que hilvana esos dos hitos en el
calendario que quiere resaltar el proyecto de ley del Gobierno? Lo que ocurre
en ambos casos, y vincula este proyecto de ley con todo lo que dejó atado y
bien atado la transición, es que no se señala ni denuncia al fascismo español.
El Anteproyecto de Ley de
Memoria Democrática
quiere crear un censo de víctimas de la dictadura, pero no quiere crear uno de verdugos. Pretende
llevar a las aulas escolares la historia de los hombres y las mujeres que
conquistaron derechos a lo largo de nuestra historia, pero seguir ocultando la
de criminales de guerra, como Queipo de Llano, que animaba radiofónicamente a
sus tropas a violar a mujeres como Clara Campoamor. Y además, pretende que las víctimas celebren una Constitución redactada, entre otros, por un ministro de
la dictadura como Manuel Fraga. Eso se puede considerar someterlas a una
autolesión para que participen en el blanqueamiento de personajes que hicieron
carrera sin escrúpulos
sobre las tremendas violaciones de derechos humanos de la dictadura y siguieron
en la cresta de la ola política
democrática gracias
a que participaron en el diseño de su propia impunidad.
Cuando el ministro Bolaños habló en el Parlamento de conmemorar a todas las víctimas de la guerra por igual estaba llevando a cabo afirmaciones de 1977 en el año 2021. Si las más de cuatro décadas en las que los gobiernos españoles han sido elegidos en las urnas no han permitido acumular la experiencia necesaria y suficiente para hacer justicia a los crímenes de la dictadura, existe un profundo problema colectivo de aprendizaje democrático y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos. Y por mucho que desde el Gobierno se hable del sonajero de Martín, la memoria de su madre seguirá menospreciada por la equidistancia y la falta de voluntad del Estado para condenar crímenes tan horrendos y llevarlos ante la justicia.
Emilio Silva Barrera
